¿Cómo hacen los proveedores de las pymes para sobrevivir?
Las cifras sobre quiebras y el deterioro de indicadores de las pequeñas y medianas empresas son alarmante, en Colombia y muchos países.
Y es cierto. La gran encuesta empresarial de ANIF preguntó a las pymes cuales acciones han utilizado para enfrentar la crisis causada por el covid y la respuesta está en el apalancamiento con los proveedores: renegociarles los contratos, reducir los pedidos y aplazar los pagos. La ley de plazos justos obliga a 60 días en el 2021 más las maromas de los ejecutivos de las grandes empresas, con requisitos, términos y demás argucias operativas y jurídicas, que las retrasan por lo menos en 30 días adicionales. Así ganan a veces algunas empresas. (las facturas de las Eps/Ips son ejemplos excelentes de laberintos infranqueables, buenos para aplazar pagos. Es la otra ley cuando el pagador tiene problemas de caja, como en la salud.
Y si observamos las empresas en procesos de recuperación empresarial y/o insolvencia, es decir cuando la situación del deudor se deteriora, los proveedores de nuevo son los más afectados, puesto que la prelación de pagos de la Ley los envía a las últimas categorías, normalmente operan sin garantía de modo que son los quirografarios y los pagos que propone el deudor sobrecargan su recuperación en estos, estableciendo flujos de pago que no reconoce intereses comerciales, y ante todo, les aplaza sus acreencias entre 18 a 24 meses.
La ley 560 y 772 del 2020 y su matriz, la 1116, están hechas para proteger el crédito, el deudor y el empleo “del deudor”, debilitando al empresario-proveedor y el empleo-proveedor. Algo no funciona.
La lógica del proceso productivo en general nos muestra un activo y un pasivo, en cada balance, unas cuentas por cobrar y unas cuentas por pagar, una circularidad en el ecosistema de los negocios donde las empresas tienen un rostro de deudores e igualmente un rostro de acreedores; yo debo y él me debe, deudor-acreedor-deudor es una cadena. Cuando el deudor se apoya sin piedad en el proveedor, interrumpe su capacidad de pago debilitando el ciclo.
Dos hombres con sed, sobreviviendo en el desierto, y un frasco con agua a la mitad. ¿Quién le da a quién? ¿Qué podemos esperar? La solución es la capacidad de resistir o que llegue el líquido; no hay más. Es lo mismo para el proveedor-deudor y la legislación de insolvencia los deja que se defiendan solos.
La legislación piensa al proveedor cuando cae en impagos y se constituye en deudor incumplido; es decir, ya es tarde. Al proveedor no se le apoya con factoring u otra herramienta de apalancamiento cuando el deudor está débil, sus indicadores de riesgo en los modelos bancarios lo califican en C por la calidad de su deudor, es decir, le interrumpen las líneas de crédito, si las tiene y el deudor le aplaza sus cuentas por cobrar.
Las deudas del Estado tienen prelación frente a los proveedores: ¿en la coyuntura covid es correcto? Quizás no.
Estamos de acuerdo con Bruce Mac Master, cuando dice que “es más eficiente salvar compañías viables que crear nuevas”.
Cada deudor defendiéndose, lleva a sus proveedores a déficit de caja, contagiándolos del mismo mal.
¿Cómo interrumpir este contagio?
Financiando al proveedor y revirtiendo en lo posible su debilidad frente a sus pagadores.
¿Cómo? Superando los temores de una banca contagiada con grandes pérdidas y preferiblemente incentivar un mercado público de valores con títulos estructurados. El mercado público debe bajarse de su zona de confort AAA por niveles de riesgo calculados y específicos a mercados más rentables. ¡El Fondo Nacional de Garantías lo puede hacer!
Gabriel Suarez L.
Márgenes SAS